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La zona euro se enfrenta a un problema de escasez global de demanda, que se ha manifestado en una recesión importante de sus economías durante 2009 y unas perspectivas de crecimiento muy moderadas para los próximos años (según el FMI, un 1,5% en 2010-2011 y un 1,8% en 2012-15). A la vez, el desempleo se ha incrementado sustancialmente, hasta un 10,1% de media. En España, estos datos son aún más desfavorables: el crecimiento medio previsto para 2010 y 2011 es del 0,2%, y para 2012-2015 del 2%, mientras que la tasa de paro se sitúa ahora mismo en torno al 20%.

En este contexto, sin embargo, los gobiernos europeos –también el español- han puesto en marcha, simultáneamente, un programa muy drástico de consolidación fiscal, que deprimirá aún más la demanda, y que tendrá por tanto un efecto procíclico. ¿Con qué justificación?

Los argumentos que se ofrecen son varios. El primero sería que, en realidad, los programas de estímulo fiscal han fracasado y no tienen efectos reales sobre la demanda, por lo que cabría esperar que las reducciones de gasto tampoco tuviesen efectos restrictivos importantes. Incluso, generarán “confianza” en los agentes económicos y acabarán provocando un efecto neutro o positivo. Desde el punto de vista teórico, este argumento parece basarse en la hipótesis de equivalencia ricardiana, pero los supuestos en que descansa son ciertamente muy restrictivos en condiciones normales, y es aún más improbable que se cumplan en un contexto de recesión como el actual, donde hay, por ejemplo, un número elevado de hogares con restricciones de liquidez. Tampoco parece justificado el temor a que la expansión del gasto público “expulse” la inversión privada: ésta no se recuperará mientras que el grado de utilización de la capacidad productiva se encuentre en niveles tan reducidos (74%), por lo que, en todo caso, el gasto público podría animar la inversión más que retraerla. Por otro lado, la evidencia empírica ofrecida por el propio Fondo Monetario Internacional[1] sí muestra que los programas de ajuste fiscal tienen efectos restrictivos importantes en la mayoría de los casos. Y los datos de crecimiento del tercer trimestre publicados por Eurostat confirman una desaceleración de las economías de la unión monetaria (0,4% de crecimiento intertrimestral, frente al 1% del segundo trimestre).

También se ha manejado una segunda justificación, más implícita que explícita, que se deriva de una postura contraria a priori a la intervención pública y a la posibilidad de que el gobierno incurra en déficit y deuda. Aprovechando que la crisis ha provocado (y no al revés) un aumento del gasto público y del déficit, y que por tanto la deuda ha crecido, se afirma que el gasto es insostenible, que el sector público es demasiado grande en nuestras economías, o que nuestro Estado de Bienestar no puede financiarse si no se acometen reformas (eufemismo para recortes). Por tanto, cualquier momento es bueno para adelgazar nuestro sector público. Ahora bien, como este argumento no es coyuntural, sino estructural, debería justificarse utilizando los datos del tamaño del sector público anterior a la crisis, o al menos descontando los efectos sobre los gastos e ingresos públicos que se derivan de la actuación de los estabilizadores automáticos. En el caso de España, lo que estos datos arrojan no es precisamente un sector público hipertrofiado: en el periodo 1995-2007, la media de los ingresos públicos era el 45,7% del PIB en la UEM-12, frente al 38,7% en España, y los gastos representaban el 48% y el 40%, respectivamente. Y el gasto social también se sitúa por debajo (en torno al 21% del PIB en España, frente a un 27% de promedio de la UE.

El pasado 29 de septiembre la Comisión Europea aprobó un paquete legislativo que pretende reforzar la “gobernanza económica” de la Unión Europea y de la zona euro. Cada vez queda más claro que la salida de la crisis para los países de la periferia no puede lograrse de forma autónoma, sino que requiere la adopción de un plan coordinado entre los gobiernos europeos y el BCE que permita resolver los actuales desequilibrios entre países deudores y acreedores sin prolongar la depresión. Las alternativas a este plan europeo de recuperación son el paro masivo o, al final, tras un doloroso proceso, el abandono de la unión monetaria.

Las medidas propuestas por la Comisión, sin embargo, van exactamente en la dirección contraria: un endurecimiento aún mayor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y un aumento del poder de Bruselas para imponer de forma autónoma y casi automática sanciones a los países que no apliquen las medidas de restricción del déficit y la deuda que se les propongan, con una pérdida de la soberanía nacional –democrática- nada disimulada. De hecho, esta propuesta es una auténtica “contrarreforma” de los cambios que se introdujeron en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2005, cuando las consecuencias de la desaceleración de 2001 habían puesto de relieve la necesidad de flexibilizar la norma para evitar que una reducción demasiado rápida del déficit impidiera la recuperación. (Un pequeño detalle: los países que entonces tenían déficit excesivo y se arriesgaban a una sanción eran Alemania y Francia…).

El segundo ingrediente de la propuesta es la creación de un “Procedimiento de Desequilibrio Excesivo”, que vigilará la situación macroeconómica de los países europeos e impondrá medidas correctoras e incluso sanciones a aquellos que presenten desequilibrios elevados. Aparentemente esto puede ser una idea interesante: vigilar la aparición de desequilibrios para evitar la aparición de crisis posteriores. Sin embargo, la propuesta vuelve a estar sesgada y fomentará la competencia a la baja en las políticas salariales (y de protección social) y la aplicación de políticas más restrictivas. ¿O es que se sancionará a los países que tengan mayores porcentajes de desempleo, para impulsarles a generar más demanda? Obviamente, no. Y si un país gasta sistemáticamente menos de lo que produce, ¿se sancionará al país que, endeudándose, acaba absorbiendo el exceso de capacidad del primero? ¿Qué debería hacer este país, restringir también su demanda? ¿Iniciar una devaluación competitiva mediante rebajas salariales, para evitar la sanción? En definitiva, que las propuestas de la Comisión vuelven a representar un modelo de coordinación asimétrica de la política económica: se penalizan los déficit y las políticas “demasiado” expansivas, pero no se promueve la cooperación cuando hace falta más expansión de la demanda.

(Las propuestas de la Comisión pueden consultarse aquí: http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-eu_economic_governance_proposals_en.htm).

Es importante señalar, sin embargo, que contra lo que pueda parecer, el debate intelectual y político sobre las distintas alternativas fiscales se mantiene, y que no hay una sola opción posible. Un ejemplo es el nuevo plan de estímulo fiscal que ha propuesto recientemente el Presidente Obama. Y desde el punto de vista intelectual no podemos dejar de mencionar el artículo publicado el pasado 30 de septiembre por Martin Wolf en Financial Times, a raíz de la valoración –positiva, claro- que el FMI ha hecho de los planes de reducción del gasto del gobierno británico. (Puede leerse el artículo completo aquí: http://www.ft.com/cms/s/0/07e8d3f4-ccc1-11df-a1eb-00144feab49a.html).

Martin Wolf discrepa de esta valoración positiva, y su argumento parece convincente. En primer lugar, las propias previsiones del FMI registran una tendencia del PIB a medio plazo muy por debajo de la que habría seguido sin la crisis, lo que implica que se mantendrá un exceso de capacidad y que habrá recursos sin utilizar. Aceptar este bajo crecimiento habiendo una alternativa de política económica que puede evitarlo es sencillamente estúpido, aparte de que no pueda llamarse a esta situación una “recuperación equilibrada”, como hace el FMI. En segundo lugar, esta reducción en el PIB puede acabar convirtiéndose en permanente precisamente por la inacción de las autoridades económicas, a través de una reducción prolongada de la inversión –menor dotación de capital- y como consecuencia del paro de larga duración –que tiende a expulsar definitivamente a muchas personas del mercado de trabajo-. En tercer lugar, no debería limitarse la aplicación de una política más expansiva por el temor a la inflación: a medio plazo, el riesgo actual es más bien el contrario, la deflación, como pone de manifiesto el ejemplo de Japón.

Esta política más expansiva significará más déficit público, pero esto choca desde luego con la posibilidad de encontrar financiación suficiente en los mercados financieros. Por tanto, se hace necesario que sea el Banco Central el que compre estos títulos de deuda, monetizando el déficit.

Si esta solución parece razonable para Reino Unido, también lo es para la situación actual de la zona euro. Salvo que la retórica de la austeridad y los prejuicios ideológicos sigan prefiriendo la terapia (inútil) del paro prolongado y los recortes sociales, claro.

Podemos analizar la situación presente considerando que la economía del país de referencia tiene tres objetivos:

 1.-Alcanzar un crecimiento potencial suficientemente rápido para garantizar el empleo de la mano de obra. El aumento de la tasa de crecimiento potencial se logra con políticas de oferta que operan en el medio-largo plazo. Como actualmente el crecimiento real es muy inferior al crecimiento potencial, consideraremos aplazable la actuación sobre este objetivo y nos limitaremos a los dos siguientes.

 2.-Lograr que el crecimiento real de la economía se iguale a su crecimiento potencial.

 3.-Garantizar la estabilidad de la relación deuda pública-PIB.

 Para alcanzar estos dos objetivos, la economía puede, en principio, contar con dos instrumentos, que son: el manejo del tipo de interés nominal y la política fiscal cuyo impacto puede medirse por el déficit primario.

 En circunstancias normales es posible alcanzar ambos equilibrios simultáneamente, es decir, se puede encontrar una combinación de tipo de interés nominal y de saldo fiscal/PIB con los que la relación deuda/PIB es estable y también lo es la tasa de inflación al situarse la economía en su tasa de crecimiento potencial.

 ¿Qué sucede si esta economía experimenta una perturbación contractiva? Que, de pronto, peligra el logro de ambos objetivos: el crecimiento de la economía será menor que el potencial, lo que generará la aparición de tensiones deflacionarias, y esta reducción del crecimiento tenderá a favorecer el aumento en el tiempo de la relación deuda/PIB.