Entradas de Jorge Uxo

Los gobiernos europeos parecen decididos a someter a sus economías a un proceso de enfriamiento en medio de la recesión más grave que ha experimentado la economía mundial desde la Gran Depresión. El argumento principal es que no es posible seguir financiando la deuda pública en los mercados financieros, y que cualquier otra alternativa, como el recurso al banco central, sería altamente peligrosa para la estabilidad de las economías europeas, porque acabaría provocando inflación y seguramente incentivos a un futuro comportamiento irresponsable de las autoridades fiscales (“riesgo moral”).

Ahora bien, estos costes no son tan evidentes como se afirma –otros países están utilizando de hecho sus bancos centrales para financiar su deuda- mientras sí son seguros los efectos negativos que supondrán estos ajustes fiscales sobre el crecimiento y el empleo. Sin duda, esta es una cuestión muy relevante que merece una respuesta lo más concreta posible.

En la literatura económica se acuñó el término de “ratio de sacrificio” para referirse a los costes en términos de empleo que se derivan de las políticas de reducción de la inflación mediante reducciones de la demanda agregada. Existe un paralelismo claro entre este concepto y el coste que nosotros queremos calcular.

Esta “ratio de sacrificio de las políticas de reducción del déficit” nos ofrece el “sacrificio” que debe hacer la economía española en términos de paro por cada punto que quiera reducir la el déficit público sobre su PIB, y  es el cociente de dos magnitudes. El numerador es la diferencia entre la tasa de paro que cabe esperar que tenga la economía española con estas medidas y la que habría tenido sin que se llevaran a cabo. El denominador, por su parte, es la diferencia entre el déficit público (en porcentaje del PIB) antes y después de las medidas de ajuste propuestas por el Presidente del Gobierno el pasado 12 de mayo.

Este cálculo requiere partir de un escenario de partida con el que realizar las comparaciones, que recogería la evolución del déficit, el PIB y la tasa de paro en ausencia de las medidas que acaban de anunciarse. Una opción razonable es utilizar las previsiones sobre el comportamiento de la economía que maneja el propio gobierno –o, al menos, las que ha hecho públicas en su Actualización del Programa de Estabilidad presentado en febrero- aunque sepamos que su exceso de optimismo es evidente. Según sus previsiones de entonces, en 2010 el PIB español todavía crecería en términos reales a una tasa negativa (-0,3%) aunque en términos nominales el crecimiento sería positivo (0,2%). Para 2011, las cifras recogen un crecimiento real del 1,8%, o de un 3,3% en términos nominales. En términos de la tasa de paro, las previsiones serían del 19% y del 18,4% en cada uno de estos dos años.

Comencemos ahora por el numerador. ¿Tendrá efectos restrictivos sobre la renta y el empleo la reducción del gasto público, o los efectos milagrosos sobre las expectativas de los empresarios, como parecen afirmar algunos economistas, les llevarán a aumentar su producción y contratar más trabajadores? Pues bien, si durante 2009 existía una importante unanimidad –FMI, OCDE, Comisión Europea- de que una política fiscal más expansiva contribuiría a compensar la caída de la demanda agregada, no hay razón para pensar que en 2010, cuando la situación económica no ha cambiado sustancialmente a mejor, la operación contraria no tendrá como consecuencia una reducción de la demanda agregada.

Para estimar este efecto con precisión sería necesario contar con multiplicadores del gasto fiscal ajustados a cada tipo de partida que se recorte –no tendrá el mismo efecto una reducción del gasto en inversión pública que en el sueldo de los funcionarios, por ejemplo-. A falta de estos multiplicadores, podemos utilizar un valor global para el conjunto de partidas que se van a reducir, y a raíz de las estimaciones existentes en la literatura nos parece que un valor de 1,2 podría ser adecuado. Es decir, por cada euro que deja de gastar el sector público, la demanda total se reduce en 1,2 euros una vez que tenemos en cuenta todos los efectos multiplicadores.

Como el gobierno ha previsto reducir 5000 millones el gasto durante 2010 y otros 10000 millones de euros en 2011, el efecto estimado sobre el PIB sería de 6000 millones en 2010 (o un 0,6% del PIB previsto por el gobierno) y de 12000 millones en 2011 (un 1,1% del PIB que se preveía obtener). Tomando como dadas las previsiones actuales sobre el crecimiento de la población activa y de la productividad, la tasa de paro que se registrará en la economía española después de tener en cuenta estos efectos restrictivos en 2010 y 2011 será del 19,5% y del 19,3%. Por tanto, el sacrificio total en términos de paro será de 1,4 puntos más de desempleo. Por si esta cifra parece pequeña, diremos que la cifra de parados se incrementaría en 100.000 personas en 2010 y en 200.000 personas en 2011.

Vayamos ahora con el denominador. Sorprende la simplicidad del cálculo que se ha hecho para estimar el efecto que tendrán estas medidas sobre el déficit público. Como la reducción total propuesta en el gasto es de aproximadamente el 1,5% del PIB, se corrige el déficit previsto en esa misma cantidad, de forma que se espera que en 2011 se sitúe en el 6% en vez del 7,5% que se preveía en febrero.

Por supuesto, esto no será así. Primero, porque el déficit nominal deberá dividirse por una cifra inferior del PIB. Segundo, porque este efecto restrictivo también se reflejará en una caída de los ingresos y un aumento de los gastos a través de los estabilizadores automáticos. De hecho, estos efectos son estimados por organismos como la OCDE y la Comisión Europea. De acuerdo con estas estimaciones, cada punto de output gap –diferencia porcentual entre el PIB y el PIB potencial- supone en España un aumento de 0,375 puntos sobre el PIB  en los ingresos públicos y una reducción de 0,0625 puntos sobre el PIB en los gastos. Utilizando estos coeficientes y las estimaciones del PIB potencial que se derivan del Programa de Estabilidad, esto se concreta en que la reducción del déficit público total no será de 15000 millones, sino de sólo 7747 millones, una cifra sensiblemente menor.

Ajustando ambos efectos (reducción del PIB y menor disminución del déficit por la actuación de los estabilizadores automáticos) el resultado es que en 2011 el déficit no se habrá reducido hasta el 6%, sino sólo hasta el 6,9%. En términos absolutos, esto supone una reducción en el déficit –respecto al que se habría alcanzado según el gobierno- de 0,6 puntos porcentuales.

El lector puede calcular a partir de esta cifra el efecto limitado que estas medidas tendrán sobre la ratio deuda/PIB, cuya reducción se supone que es el principal objetivo del plan de ajuste presupuestario. La explicación es bien sencilla: reduciremos (en menor medida de lo que se dice) la necesidad de emitir deuda, pero a la vez reduciremos también la principal garantía de nuestra solvencia como deudores: el PIB.

Ya estamos en condiciones, por tanto, de calcular cuánto desempleo nos va a costar la reducción de cada punto del déficit en porcentaje del PIB, dividiendo el aumento de la tasa de paro por la reducción del PIB. Esta ratio de sacrificio es de 2,1 puntos más de paro por cada punto de reducción del déficit.

Por supuesto, el cálculo que acabamos de hacer puede verse modificado -en ambos sentidos- en función de cómo evolucionen las economías europeas. Por ejemplo, podría afirmarse que el multiplicador que hemos utilizado es demasiado alto, o que no hemos tenido en cuenta los “efectos no keynesianos” que han seguido a otros procesos de ajuste fiscal –que se llevaron a cabo en un contexto expansivo completamente diferente al actual-. Ahora bien, también podría ocurrir lo contrario, que los efectos restrictivos fuesen aún mayores. Se nos ocurren al menos tres razones para ello. En primer lugar, la contracción fiscal no sólo se producirá en España, sino que parece que tendrá un carácter muy generalizado en Europa, lo que se reflejará en las exportaciones de todos. En segundo lugar, la demanda privada no se recuperará hasta que avance de manera significativa el proceso de desapalancamiento de las familias y las empresas. Pero la reducción de la renta disponible que supondrán las medidas aprobadas obligará a aumentar aún más la tasa de ahorro, generando una segunda reducción de la demanda agregada. En tercer lugar, si la inflación se reduce, crecerán en términos reales tanto el tipo de interés real como el valor de la deuda.

También podría discutirse si las previsiones que el gobierno incluyó en su Programa de Estabilidad son creíbles. Nosotros hemos fingido hasta aquí que así lo creíamos, pero la realidad es que existe unanimidad en los organismos internacionales y en otros institutos de coyuntura en que la evolución más probable será más desfavorable. En cualquier caso, ya que la ratio de sacrificio mide el aumento del paro respecto al escenario tomado como base de las comparaciones, esta cifra no se vería modificada.

Lo que sí haría es reforzar la idea central de estas páginas: que el objetivo prioritario de la política económica debe ser el empleo, y que estas medidas nos alejan de él. ¿De verdad no existe en Europa otra alternativa que una carrera hacia abajo en los niveles de renta? ¿Es la deflación el plan para salvar al euro? Más bien parece lo contrario.